Un gobierno sui géneris

Por Pablo Dipierri
@pablodipierri

Entre la pedagogía de la pandemia y los anhelos de la agenda forjada en campaña, la dupla de los Fernández traza un itinerario regado de acechanzas. Temple y astucia, menguados por la vileza de sus adversarios y las languideces propias o aledañas, para encontrarle la salida al laberinto.

Quien tenga algo que decir
que dé un paso al frente
y calle para siempre.
Karl Kraus
(1874-1936)

Aprendizaje

El delirio no se discute. Su lengua es inasible para quien pretenda ordenarla con dosis lógicas en el debate político. Ese sería, tal vez, el primer axioma de la pandemia: no hay recuperadores verbales para el rescate semántico de los narradores del emoji en TV o el meme desaforado en las calles.

Como si se gastara pólvora en chimango, carece de pertinencia empeñarse en la querella con los portadores de hipótesis conspirativas y paranoicas, como la que supone que la vacuna contra el coronavirus escamotea un chip o la demencial viralización por WhatsApp de un mensaje que alerta sobre un golpe palaciego del kirchnerismo contra el presidente Alberto Fernández. “A la larga, la verdad se impone”, dice el ensayista Jorge Alemán al paso que desalienta y declina cualquier confrontación argumentativa con quienes parecen incubarse en granjas de trolls o se contagian de perspectivas apocalípticas curtidas en una remake periférica de The Walking Dead.

El sticker para consumo irónico en redes causa gracia pero alarma cuando se convierte en la divisa enunciativa que aglutina el barullo reaccionario, sin articulación posible y con el hedor de los basurales de la palabra pública. No obstante, la cantante y ex ministra de Cultura, Teresa Parodi, no pierde las esperanzas: “ellos ganan por arriba, nosotros ganamos por abajo”, explicó en declaraciones a AM750.

Las manifestaciones a grito pelado que oscilaron entre el linchamiento y la agresión desde los balcones porteños o el ágora nacional, azuzadas por diputados fascistoides como Fernando Iglesias u otros -aupados por el favor en las urnas de los sectores agrarios-, fueron elocuentes a lo largo y ancho de la cuarentena. Su traducción arrojó como saldo una altísima incapacidad de la derecha para estructurarse alrededor de una sintaxis sólida pero, fácticamente, corroboró que la vocinglería es el ruido bajo el cual se camufla el lobby que la clase dominante siempre traficó por otros canales, más inaudibles o inalcanzables para el catalejos social.

Fechados tras el apogeo del ecuménico aplauso metropolitano a médicos y enfermeros y el mote presidencial de “miserable” para el dueño de Techint, Paolo Rocca, los primeros cacerolazos demostraron que la oposición se abroquelaría detrás de demandas tan airadas como gaseosas, basándose en fantasmas pregonados en la constelación mediática hegemónica y tropiezos discursivos del Gabinete o referentes afines.

Al mismo tiempo, esos motines que incendian forma y contenido de los agitadores hasta que retornan al sillón para sumirse en el retozo ondemand corrieron sistemáticamente el margen de lo decible. Con su agresividad, medraron en la voluntad oficial, torpe y tortuosamente encaramada, en tópicos como el de la expropiación de Vicentin o el tenor de las reformas judicial e impositiva, cuyas concreciones permanecen todavía bajo signos de interrogación más allá de que una ingresara y la otra pavimente su camino al Congreso.

Esta revista dejó sentado en su editorial del Nº 0 que son los vocablos, después del dinero y las armas, la moneda que domina el mundo. Sin temor a ratificarlo, se advierte en este artículo sobre sus limitaciones, si no se respalda la dimensión imaginaria de lo que se expresa con una materialidad que trascienda los atributos performativos del acto parlante. Lo dicho alcanza también, y primordialmente, a una dupla como la que integran el Jefe de Estado y la vicepresidenta Cristina Fernández, acreedores de una oratoria que no se cuestiona.

La lección, entonces, está más cerca de la tesitura esbozada en el reportaje que le concedió el domingo pasado al diario Página 12 el ministro de Hacienda, Martín Guzmán, que de “la revolución de la saliva” que el periodista Roberto Caballero le imputa al primer mandatario. “Es necesario que estemos todos discutiendo en la misma mesa. La economía necesita de todos los sectores. Ahora: las reglas de juego las determinamos nosotros”, planteó el carrilero platense que se anotó el poroto más importante en lo que va del gobierno del Frente de Todos.

Confesiones de invierno

El acuerdo con los bonistas por la reestructuración de la deuda suscitó una suerte de euforia contenida en Olivos y Casa Rosada como así también en los diversos sectores que nutren la base de sustentación gubernamental. Sin embargo, también se festejó en el seno de la patria financiera y lo más granado del empresariado. La salida del default es, mal que le pese a quien le pese, la reconfiguración de la misma arquitectura jurídica y económica que somete a los países emergentes, más allá del inestimable esfuerzo de Guzmán por la defensa y el cuidado de las arcas públicas y la proyección del país.

El profesor Ricardo Aronskind advertía, horas después del anuncio, sobre el resultado que fuera a cosecharse en torno de las cláusulas de acción colectiva y las facultades de los tenedores de títulos de deuda para eventuales litigios. Aunque consignó en diálogo con FM La Patriada que el Gobierno estaría aún más débil y asediado por los factores de poder si no se sacara el yugo de la cesación de pagos, aprovechó para llamar la atención sobre la recurrencia sistemática de ciclos de endeudamiento que ponen a la Argentina al borde del abismo, y señaló que la única alternativa es el diseño de una pedagogía para la emancipación.

Por su parte, el historiador Alejandro Olmos, hijo del homónimo militante peronista que obtuviera post mortem la cucarda de haber conseguido en sede judicial la declaración de ilegitimidad de los empréstitos externos contraídos durante la última dictadura, le envió una misiva al Presidente la semana pasada, en la que recomendaba sentara las bases para una pelea por la “igualdad financiera”, retirara la última oferta hecha ante la SEC (Security Exchange Commission) y cortara el “lazo gordiano de la dependencia”. En una nota que distribuyó entre dirigentes políticos y periodistas el último 5 de agosto, Olmos tipeó que convendría esperar a la publicación del “identure”, es decir los términos del contrato, en la misma sintonía que Aronskind.

Además, sostuvo que “hay una importante cantidad de esos bonos en manos de argentinos, y sería bueno conocer de dónde sacaron la plata y si la tenían declarada, siendo un ejemplo el hecho de que Mario Quintana, ex vicejefe de Gabinete de (Mauricio) Macri, y Santiago Bausili, ex secretario de Finanzas de la Nación, compraron bonos de la emisión del 2016, en uso de información privilegiada, por lo cual fueron imputados penalmente por la Fiscalía Federal N° 6”. “En cuanto al ex ministro Luis ‘Toto’ Caputo, hizo operaciones con Lebac sospechosas y una empresa vinculada a él compró más de 5 millones de dólares del bono a 100 años que va a entrar en esta reestructuración”, completó.

Si lo cortés no quita lo valiente y la espada de Damocles sigue en el puño del mismo verdugo, no sobran razones para la celebración. En todo caso, Argentina ganó tiempo, que es dinero y, en este contexto, vale oro. Ni más ni menos.

Pequeñas delicias de la vida… sindical

En ese marco, regurgitaron broncas intestinas en el sindicalismo tras el enfático discurso del diputado Máximo Kirchner durante la sesión que convirtió en ley el plan de moratoria para empresarios que deben tributos al fisco. El legislador apuntó al jefe del gremio de Sanidad y cosecretario general de la CGT, Héctor Daer, por el documento que firmó esa central obrera en conjunto con la Asociación Empresaria Argentina (AEA) reclamando menor carga impositiva, entre otros ítems que forman parte del menú predilecto del establishment.

El escudero que salió en defensa suya y de su entorno fue el líder de los trabajadores de estaciones de servicio, Carlos Acuña. Ladero de Daer en la conducción del edificio de Azopardo, acusó a Kirchner de “no haber trabajado en su vida”. Curiosa definición en boca de un dirigente cuyo modus operandi consiste en labrar acuerdos con las patronales antes que con sus afiliados: tal el caso de los empleados de la sucursal de GNC-NOVA ubicada en la intersección de las avenidas Mitre y Centenario, en Villa Domínico, partido de Avellaneda.

Kamchatka pudo saber que el propietario de ese enclave es Sergio Crego, ex concejal macrista en Ituzaingó y luego migrante al intrascendente territorio político que diseñara el ex gobernador salteño Juan Manuel Urtubey para postularse en la fórmula de Roberto Lavagna. Los trabajadores denunciaron que su patrón no les hacía los aportes previsionales, les adeudaba salarios y tampoco los proveía de elementos para precaverse del contagio del Covid19. La excusa de Crego cuando este cronista se contactó con él fue que cambió de razón social en enero pasado, los trámites se demoraron por razones burocráticas primero y las disposiciones del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) después y, como si fuera poco, mencionó que llegó a un acuerdo y fue rubricado por representantes del sindicato que conduce Acuña, en el Ministerio de Trabajo y con Claudio Moroni al mando.

Hasta ahí, las diferencias orbitaban por canales institucionales. El problema fue que el 28 de mayo pasado, al ser notificados de que otra firma se haría cargo de la sucursal por boca de un encargado y saberse bajo relación de dependencia informal, ese minúsculo puñado de argentinos que, al decir de Fernández, formaría parte de la enorme masa de ciudadanos que el Estado no sabía qué hacían ni dónde estaban, resolvió ir al paro. Entonces, Crego denunció a los trabajadores por “usurpación” y, según el testimonio de los trabajadores, les mandó una “patota  de matones armados”.

La investigación obra en la cartera laboral de la Provincia de Buenos Aires. Es probable que Acuña haya pasado su construcción gremial a nafta hace tanto que tal vez no tenga casos como este en el radar.

En La Plata también tramitó el caso, con audiencia resolutiva esta semana, de la empresa ADEA SA (Administración de Archivos, ex Addoc). Con una planta de alrededor de 500 empleados en diversos puntos del conurbano bonaerense y la Capital Federal, la firma se adjudica la digitalización de todos los papeles de ANSES y maneja una cartera de clientes que incluye no sólo reparticiones del Estado sino también empresas del sector privado.

Con la formalidad de un mensaje de WhatsApp, los dueños encargaron a los supervisores que notificaran a los trabajadores del cese de tareas al inicio de la cuarentena, bajo la consideración de que esa rama laboral no era esencial. A los 10 días, y por el mismo canal de comunicación, les solicitaron que sacaran el permiso como transportistas de hidrocarburos. Un grupo de 50 trabajadores se negó y los gerentes de recursos humanos siguieron navegando la página de www.argentina.gob.ar para encontrarle la etiqueta que adhiriera al rubro, sin éxito alguno.

Como los galpones se les estaban llenando de ovejas negras, los dueños de ADEA apelaron al disciplinamiento descontando el 25 por ciento del salario para los meses de abril y mayo y el sueldo completo para junio y julio. Luego de dos instancias de mediación arbitradas por el Ministerio de Trabajo provincial, en manos de Mara Ruiz Malec, la resolución oficial dictaminó el lunes pasado que la empresa debe abonarles a los trabajadores, representados por el sindicato Joven de Comercio, Industria y Servicios de la CTA (CIS-CTA), la totalidad de sus ingresos. Al cierre de este artículo, los delegados triunfantes, que habían sido ninguneados por la empresa hasta hace algunos meses porque les convenía sentarse con los representantes del Sindicato de Empleados de Comercio regenteado por Armando Cavallieri, deliberaban sobre el regreso a sus puestos aun cuando no hubiera cambiado la situación respecto de la esencialidad de sus tareas. El triunfo fue doble: obtuvieron la garantía de que no pueden recortarles el sueldo y el respaldo institucional para el ejercicio de la representación gremial.

En definitiva, el futuro se asemeja más a la visión de Parodi que al plano corto de la CGT. La pospandemia será inatajable para empresarios y sindicalistas que supongan que alcanzará con la ley de Teletrabajo.

2020-08-06T22:41:46+00:00 6 agosto, 2020|II, Política|