Rock n’ roll de pobres

Por Pablo Dipierri
@pablodipierri

Foto: Mariano Campetella

El Gobierno instrumenta medidas para que la cuarentena no estrague las condiciones laborales de los trabajadores, pero las autoridades de aplicación y los sindicatos carecen en ocasiones de coraje o robustez para plantarse frente a las empresas. Además, la fragmentación social exige una capilaridad de las estructuras organizadas que no se consigue en ninguna latitud. Como si fuera poco, el Poder Judicial amaga con trabarle al Frente de Todos la iniciativa para aplicarle un impuesto a las grandes fortunas. Resistencias apagadas y el atronador silencio del aislamiento que se acata nada más que por la astuta comprensión popular del descalabro macrista y el derrumbe en curso.

“Para qué y por qué estaremos distanciados.
En verdad, los motivos no son nada claros.
Ya sabés, es que quiero establecer contactos,
es que a veces somos inhumanos
y otras veces nos queremos ver.
Y al final,
y al final cuando se han ido todos,
otra vez,
otra vez Narciso y Quasimodo.
Y volvés,
y volvés y quién sabe hasta cuándo
y no entiendo a veces por qué estamos
sin jamás poder establecer… contactos”.

Narciso y Quasimodo, Giros (1985)
Fito Páez.

La historia

No hay caso. Esa es la sugerencia que hizo el procurador interino de la Nación, Eduardo Casal, a la Corte Suprema de Justicia ante la acción declarativa de certeza que pidiera la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, frente al inminente tratamiento parlamentario del proyecto que promueve un gravamen a las grandes fortunas del país.

Como originalmente los senadores oficialistas pensaban en una sesión virtual para atenerse a los mecanismos preventivos del contagio de coronavirus, la directora de Asuntos Jurídicos del Senado, Graciana Peñafort, cursó el documento al cuarto piso del Palacio de Tribunales, donde su titular, Carlos Rosenkrantz, se lo remitió de bolea a Casal. Así, el sucesor de Alejandra Gils Carbó merced al apoyo de Cambiemos precisó en fojas 12 del dictamen de 17 carillas rubricado con su firma digital que “constituye inveterada doctrina” que los pronunciamientos respondan a “casos justiciables”. A su criterio, un litigio se da cuando confluye una controversia entre partes adversas y una causa concreta que no devenga planteo abstracto o insustancial. En consecuencia, recomendó a los togados de Talcahuano 550 el rechazo al visto bueno que reclamaba una de las máximas autoridades del Gobierno para no desayunarse con una declaración de inconstitucionalidad luego de darle tratamiento remoto y sanción efectiva a la iniciativa más clasista en lo que va del mandato de Alberto Fernández.

Aunque le facturasen un exceso de apego a la institucionalidad, la ex senadora a cargo de la Cámara alta demostró que no le fallaba el olfato cuando recurrió a la consulta al Poder Judicial, atajándose de un eventual reparo que funcionara como reaseguro de los privilegios del empresariado. Su inquietud no radicaba tanto en la forma de reunión y debate parlamentario como en las objeciones a la iniciativa que redundaría en la captura de cerca de 3 mil millones de dólares para volcarlos al sistema sanitario.

De modo que la reticencia de los jueces a referirse a la cuestión de fondo es el revestimiento elegante de la negativa visceral cultivada en el establishment. Resulta ilustrativo, incluso, si se sopesa que el monto al que ascendería el apetito recaudatorio de la norma en debate no trepa ni al 5 por ciento de la suma que Argentina renegocia con los acreedores externos por estos días, cuya suma supera los 66 mil millones de dólares.

Asimismo, una fuente judicial le dijo a esta revista que existen, centralmente, dos maneras de que el quinteto de magistrados intervenga. Una es la que se designa con el latinismo “ratio decidendi” (razón para decidir o razón suficiente, en castellano) y consiste en la elaboración de los argumentos que llevan a la conclusión de una sentencia. La otra es conocida bajo el nombre de “obiter dictum”, cuya traducción sería “dicho de paso” e implica que los cortesanos hablan de algo que no tiene que ver con su fallo pero sientan postura sobre un tema jurídico. Esa opción es la que toma el cuerpo cuando, al decir de la ex Presidenta, “quiere tratar un asunto”.

Arribado a la sede de la Procuraduría de la mano de Esteban “Bebe” Righi, Casal consideró que el tema es ajeno a la competencia de la Corte Suprema y la invitó a hacer mutis por el foro. Su desempeño en los laberintos tribunalicios no le granjeó un palmarés elogiable -y hasta contribuyó con las excusas del fiscal Carlos Stornelli cuando el juez Alejo Ramos Padilla lo declaró en rebeldía en el marco de la causa que investigaba los vínculos entre el periodismo, los servicios de inteligencia y el tercer poder del Estado-, pero el gancho que le puso ayer, a las 8:57, a la opinión que le encargara Rosenkrantz lo consagró como portero de los dueños del país.

La inquietud que motivó la jugada del Frente de Todos permanece, entonces, intacta: los jueces estarían habilitados a no pronunciarse ahora pero deberían hacerlo si los afectados por la ley que termine sancionándose pleitean judicialmente. No obstante, la propia Peñafort arriesga públicamente que el tópico es tan caliente que quizá se torne ineludible. La partida sigue abierta y la ventaja, del lado de quienes ya la detentaban.

La razón

Mientras tanto, el Presidente realizó nuevas muestras de habilidad para el dribleo desde la cima del Poder Ejecutivo pero su gabinete se quedó sin aire cada vez que llegó el momento de la faena resuelta en Casa Rosada. Picaron en punta por falta de comprensión política, corrección ideológica o coraje cívico los ministerios de Trabajo y Desarrollo Productivo, dedicados nada menos que a garantizar las condiciones de empleo en la crisis y la generación de un mercado interno que no quede a merced de las corporaciones y sus abusos de siempre, y el Banco Central de la República Argentina (BCRA), cuyo responsable, Miguel Pesce, parece moverse –cuanto menos- con candor en una pecera llena de tiburones.

La irritación alcanzó a funcionarios del mismísimo oficialismo hace ya algunas semanas. “Cuando pase la pandemia, habrá que cambiar medio gabinete”, soltó una fuente con asiento en el gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

Los desaires fueron casi inaudibles –hasta ahora- por la gravedad de la crisis pero han revelado una sorda pulseada en potencia. La administración de la incertidumbre que diseñó para esta etapa el Jefe de Estado es, tal vez, la continuidad de la subordinación del arranque del gobierno al acuerdo con los bonistas y los organismos multilaterales de crédito: de carambola o por genio, Fernández se valió primero de la deuda externa y, luego, del Covid19 para ordenar la tropa detrás de una razón superior a cualquier demanda de los suyos o la oposición. Al interior de su heterogénea alianza electoral le reclamaron banderas para el día después de la reestructuración de la deuda y el Presidente encontró un “enemigo invisible” para cauce -y causa- de su mandato.

Al cierre de este artículo, los resultados de la estrategia gubernamental de cuidado ratificaban la tendencia vigente a prodigarle sonrisas al dueño de Dylan. La encuesta de UNICEF que les acercara hasta Olivos la representante de esa entidad en Argentina, Luisa Brumana, al primer mandatario y su pareja, Fabiola Yañez, indicaba que “el 96,2 por ciento de la población argentina aprueba el aislamiento social preventivo y obligatorio como medida para evitar el contagio de coronavirus, pese a que en el 59 por ciento de los hogares se perciben menos ingresos y en el 31 por ciento se dejó de comprar algún alimento por no tener dinero”. El temor a enfermarse es más alto que la bronca contra la desigualdad económica.

El informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), por su lado, también aportó un saldo tranquilizador con sus datos sobre “el impacto del aislamiento en el mercado de trabajo”. “Si se suman los casos de ruptura contractual (despidos) o riesgo de ruptura contractual (suspensiones) y riesgo salarial (atrasos o dilaciones en el pago de sueldos), en el período que fue del 15 de marzo al 15 de abril últimos se relevaron 154 hechos, que afectan a 309.672 trabajadores”, detalla el trabajo del economista Hernán Letcher, y agrega que se registraron 12.609 casos de despidos y suspensiones, al tiempo que hubo 3070 empleados que sufrieron atraso de pago de salarios, 54.030 trabajadores que vieron reducidos sus ingresos, 8480 suspendidos con achicamiento en los recibos y 231483 casos en los que se llegaron a acuerdos entre partes para la reducción salarial.

Al interior de su heterogénea alianza electoral le reclamaron banderas para el día después de la reestructuración de la deuda y el Presidente encontró un “enemigo invisible” para cauce -y causa- de su mandato.

Sin embargo, el documento citado pondera que “no se percibe en el período seleccionado una cantidad numerosa de casos de despidos” porque el 60% se concentra en 4 firmas, entre los cuales lleva la delantera Techint. Además, se concede la ventura del decreto presidencial 329/2020, cuyo articulado prohíbe despidos y suspensiones, el anuncio sobre el pago del 50% de los salarios netos de los trabajadores (según el valor de febrero) hasta $16.875 para todas las empresas que demuestren una sensible caída de las ventas, el otorgamiento de créditos para plantillas salariales por 150 mil millones pesos (que representan unos 5 millones de sueldos por 30 mil pesos) y el impulso de créditos a tasa cero para los monotributistas o autónomos, junto con la liquidación de casi 8 millones de Ingresos Familiares de Emergencia (IFE) y unos 130.000 seguros de desempleo. “Esto implica la cobertura casi absoluta del universo de la Población Económicamente Activa”, asegura.

Más cauto se presenta el último análisis del Centro de Capacitación y Estudio del Trabajo y el Desarrollo (Cetyd), dependiente de la UNSAM. Con la cantinela de la curva del contagio hasta en las frases de los estados de WhatsApp, este estudio difundido en la primera quincena de abril llama a “aplanar la crisis laboral” sin suspender el diagnóstico de largo alcance ni acotarlo a los marcos del sanitarismo imperante.

En ese sentido, postula que “8,6 millones de personas atraviesan problemas de empleo severos en la actualidad, cifra que representa al 45% del total de los trabajadores activos”. “De ese conjunto, 1,6 millones se encuentra desocupado y 7 millones trabajan en condiciones de informalidad (4 millones en relación de dependencia y 3 millones como trabajadores independientes que no están inscriptos ni al régimen de monotributo ni al de autónomos)”, resume. Con una oreja puesta en el malestar que flota en sindicatos y agrupaciones políticas lideradas o referenciadas por cuadros que empezaron militando el aislamiento y ahora se comen los codos, el Cetyd desliza que “el 35% de los trabajadores activos tiene una mayor capacidad de mantener de manera total o parcialmente la actividad y sus ingresos durante la etapa de aislamiento social”, pero “el 65% restante se encuentra con muchas más dificultades o directamente imposibilitado de continuar con su actividad y sus ingresos en este escenario”.

Ya se dijo en este medio que una de las condiciones más preocupantes es la de los sectores que arañaban el decil que se encontraba por encima de los más postergados, aupados o acostumbrados a la gimnasia de ejercer su derecho como beneficiarios de coberturas estatales. Esos trabajadores, sin ligazones con sindicatos u organizaciones comunitarias, curten oficios o se reconocen como changarines y la Sociología del Trabajo los moteja desde hace un tiempo como “precariado”: sus atributos van desde cierta autonomía hasta la imposibilidad de las formas sociales más tradicionales para contenerlo o expresarlo, y pueden resplandecer ejemplos palpables de esta categoría bajo los chalecos amarillos en Francia o la Primera Línea que apedrea carabineros en Chile.

El Instituto del Conurbano de la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS), por caso, puso el foco ahí sin nombrarlo como actor, como si todavía no hubiera terminado de emerger en estas pampas. “Los grupos cuyo sustento estaba ya ligado a transferencias del Estado aparecen más protegidos en la coyuntura en comparación con otros que se encontraban antes de la pandemia en una posición menos desventajada”, fruto de su actividad independiente, graficó.

Quizá haya dado en la tecla la socióloga Paula Abal Medina con el texto que publicó en el portal La Nación Trabajadora. “Lejos de un keynesianismo de nuevo tipo, lo que ocurre es el deterioro fulminante en las condiciones de vida de millones de trabajadores, al compás de una recesión que habilita más ajuste”, puntualiza, y pregunta: “¿Cuánto entrañan de miserabilismo los paliativos para afrontar la urgencia?”.

La sangre

Antes que se publicara esta nota, Fernández recibía en su residencia a los representantes de los movimientos sociales, con Juan Grabois a la cabeza, junto al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz. En la reunión, el referente de la CTEP reclamó no sólo un incremento en la asistencia alimentaria sino también un plan de entrega de tierras y, con la verborragia que lo caracteriza, sostuvo que la pelota quedó en campo del Gobierno.

Un racconto de la actitud y las caracterizaciones que hiciera el grupo de organizaciones conocido como “San Cayetano”, integrado por Movimiento Evita-CTEP, Corriente Clasista y Combativa y Barrios de Pie, serviría de alerta para sacudirles la modorra que pudiera quedarles a los funcionarios que intervienen en la implementación de las medidas oficiales durante la cuarentena. Estas agrupaciones, más allá de sus terminales en el Poder Ejecutivo o su identificación con el albertismo, estiman su propia representación por encima de la organicidad que cualquier armado político reclama. Se verá próximamente cuánto se tensa la relación toda vez que la Nación no podrá concederles el pliego completo de demandas.

Lo que está fuera de discusión es que nada de lo que se haga alcanzaría. Sea porque la agudización de la pobreza avanza más rápido que el contagio del virus debido a la desigualdad y la injusticia previas o porque los brazos del Estado carecen de la capilaridad que la hora reclama, habrá sombras que las políticas públicas de esta etapa difícilmente puedan alumbrar.

Por eso, los dirigentes sindicales se dividen entre los que maniobran en desventaja con las patronales que imponen recortes salariales, suspensiones o despidos y los que deliberan a las puteadas, con los dientes apretados, y menor incidencia pública por estos días. Atenta a la responsabilidad que les confiere la cantidad de afiliados o el peso de sus interlocutores a los secretarios generales de sindicatos pesados, una fuente del gabinete platense le dijo a Kamchatka que, sin querer, el Gobierno nacional desparrama más de lo que ordena en ocasiones. Tal habría sido el asunto en la madrugada del lunes pasado, con el decreto 376/2020 para la habilitación del salario complementario justo en vísperas de la jornada donde el Smata, Comercio, los petroleros y la UOM, entre otros, se reunirían con las cámaras de su sector para pactar el reparto de la torta en este contexto. Otras voces cargan directamente contra los dirigentes gremiales que confunden prudencia con complacencia o entrega.

Y entre la enunciación o el decreto de lineamientos para sostener el empleo y la concreción efectiva de los beneficios anunciados, tallan las avivadas de intermediarios, las torpezas de cuadros técnicos nacidos y criados mayormente en la Capital Federal y las defecciones ideológicas propias de una experiencia de gobierno parida de una alianza diversa. Para la percepción cincelada desde la perspectiva porteña, existe una rifa de baños de realidad y se reparten números por doquier. Para la trampa del gabinete empatado, no hay otra que el quiebre de los equilibrios: sólo se puede avanzar a paso firme si el cuerpo se inclina en alguna dirección.

Ya la problemática de los pillos es más compleja, porque no se resuelve sin sangre. Cuesta creer que ciertos actores comprendan de buena gana o con reglamentos institucionales la extrema dificultad en trance. Quien enfrente a una hidra de siete cabezas no llegará al entendimiento mediante el diálogo y el consenso y un gobierno democrático no necesita pedir permiso para gobernar.

A nadie se le escapa que los créditos a tasa cero para monotributistas y autónomos, un plan que atiende a profesionales como abogados, contadores y odontólogos con oficinas o consultorios privados, y el empalme de los Repro con los salarios complementarios se instrumentan ante el fracaso de los préstamos a empresas para pagar el sueldo de sus empleados al 24 por ciento. Los verdaderos chistosos del entuerto fueron los bancos, Pesce apenas reaccionó y el Estado decidió hacerse cargo del interés que ni las pymes ni su planta de personal, obviamente, afrontarán. Probablemente, la emergencia podría insuflarle indulgencia al caso si no fuera que hace 10 días la cotización del dólar contado con liqui trepó a 114 pesos de un zarpazo, a caballo de la mayor liquidez disponible por la emisión monetaria y cuyo trote acusaba origen en cuentas bancarias para una porción superior a los 90 mil millones. Que el flamante presidente del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), José Ignacio de Mendiguren, admita que las entidades financieras prefieren irse a esa moneda en lugar de prestarle a las empresas y pase desapercibido es parte del combo.

Para la percepción cincelada desde la perspectiva porteña, existe una rifa de baños de realidad y se reparten números por doquier. Para la trampa del gabinete empatado, no hay otra que el quiebre de los equilibrios: sólo se puede avanzar a paso firme si el cuerpo se inclina en alguna dirección.

La paciencia social, a la postre, tampoco es infinita. El coronavirus podrá esparcir bajo su halo un efecto disciplinador y la costumbre podrá naturalizar sus derivas pero ninguna clase se suicida. Por lo pronto, un funcionario bonaerense contó que un poderoso empresario blandió antes que el impuesto a los más ricos ganara centímetros en los diarios: “no se equivoquen porque, si viene un 2001 y se tiene que ir Alberto, no asume Cristina porque vuelve el que se vayan todos”.

En definitiva, el apoyo a la gestión de Fernández podría agrietarse si no hay sosiego entre los más humildes aunque ese deterioro no se transforme linealmente en un desafío desestabilizador. Lo escribió Rodolfo Walsh, entre sus críticas a la conducción de Montoneros en noviembre de 1976, cuando tipeó que el pueblo no se repliega “hacia el vacío” sino hacia “al terreno malo pero conocido, hacia relaciones que dominan, hacia prácticas comunes, hacia su propia historia, su propia cultura y su propia psicología”. Es preferible el rock and roll de pobres que la trova por Zoom.

2020-08-04T19:10:37+00:00 24 abril, 2020|III, Política|