Pelotón de fantasmas cambiemitas

Entre la doctrina Chocobar y el decreto anunciado por Macri en Campo de Mayo, asoma la potencia represiva que acumula el Gobierno. Peligrosa para sus opositores más acérrimos o blef para evadirse de las esquirlas del rechazo social al ajuste, la iniciativa que postula la utilización de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior desató álgidas repercusiones. Las sombras espectrales del pasado y las intervenciones policiales recientes en los conflictos sociales constituyen un terreno fértil para los temores más densos.

Los cucos no existen pero los miedos son fundados. El decreto 683/2018, firmado por el presidente Mauricio Macri, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el ministro de Defensa, Oscar Aguad, parece un eslabón más de la cadena significante y el marco jurídico que sustentan el despliegue represivo del gobierno de Cambiemos.

Desde Campo de Mayo, el jefe de Estado anunció que dispondría de las Fuerzas Armadas para tareas de seguridad interior en aras de que los uniformados ingresen al tópico de la modernización y el siglo XXI. La iniciativa, objeto de repudio entre los organismos de derechos humanos y la oposición, fue luego suavizada por exégetas del oficialismo y especialistas que toman distancia de la fiereza de ambas partes en la confrontación política.

Ya en 2016, existía el rumor de que el macrismo echaría mano de ese volantazo ideológico en la política de defensa. El por entonces titular del Edificio Libertador, Julio Martínez, se encargaba de desmentirlo. “Como radicales, no lo permitiríamos”, repetían en su entorno ante las consultas de esta misma revista.

Sin embargo, el Grupo Convergencia XXI, el Instituto Isled y el CELS emitieron un documento conjunto por aquellos días, advirtiendo que la Casa Rosada tomaba decisiones que transgredían el principio de demarcación entre los ámbitos de seguridad y defensa; debilitaba la conducción civil de las Fuerzas Armadas; y mantenía una postura indulgente para con los militares o diluía sus responsabilidades durante el terrorismo de Estado. Incluso, la actual diputada y ex ministra de Defensa, Nilda Garré, consideraba que le resultaba improbable que los uniformados aceptaran su participación en tareas de seguridad interior por tratarse de menesteres para los que no fueron preparados y consideran de rango inferior.

Dos años después, las versiones e interpretaciones iniciales se contrastan o corroboran, según el caso, con la palabra del Presidente. El tiempo no para y las oficinas están llenas de ratis, cantaba Bersuit Vergarabat en su reversión del tema de Cazuza. Dos años antes, todavía alcalde porteño, Macri había expresado que terminaría con “el curro de los derechos humanos”. Burradas verbales y atrocidades materiales de su gestión servirían para dar cuenta de que, al menos en ese punto, cumplió con sus promesas. De lo que no caben dudas es que su política para el área acredita coherencia.

Se vienen los milicos

Apenas terminó el acto de Macri en terreno verde oliva, las Madres de Plaza de Mayo convocaron a una concentración en las puertas del ministerio conducido por Aguad. Una multitud congregada por el chicotazo sobre su nervio más sensible, el resguardo de los valores democráticos, se dio cita tres días más tarde para decirles a sus mandatarios que “nunca más” tolerará militares en las calles.

Meciéndose entre la academia y el Frente Renovador, el politólogo Diego Gorgal reconoce los indicios basados en las acciones represivas del Pro pero señala que el decreto en cuestión es, en realidad, “un ajuste en el sector Defensa”. En ese sentido, cita párrafos del texto labrado en la Secretaría de Legal y Técnica y publicado en Boletín Oficial como el que dice que “el despliegue del Instrumento Militar contemplará la eventual conformación de Unidades Conjuntas sobre la base de criterios de eficiencia operativa, logística y presupuestaria, previendo la eliminación de estructuras que puedan producir superposiciones o sean instancias burocráticas de los elementos dependientes, de manera de simplificar la cadena de comando”. De la misma manera, parafrasea el articulado cuando menta que la cartera de Aguad “deberá elevar para consideración del Poder Ejecutivo Nacional un listado de instalaciones no necesarias desde el punto de vista de la Defensa Nacional”, y agrega el fragmento que establece que “las organizaciones y capacidades del Sistema de Defensa Nacional no involucradas en tareas prioritarias y responsabilidades en tiempo de paz deberán reducir sus estructuras de personal”.

Según Gorgal, “el Gobierno tiró hábilmente un tema político que polariza entre lo antiguo y lo moderno pero, en los hechos, le dieron más roles a los militares y menos recursos”. “Si sacamos todo el humo, el decreto no cambia nada”, asegura.

Por su parte, el docente e investigador de la UNQ y la UNLP Esteban Rodríguez Alzueta sostiene que “no basta con establecer una frontera tajante entre la seguridad y la defensa, si al mismo tiempo no se resuelve el rol de las fuerzas armadas” (ver, asimismo, recuadro). Autor de “Temor y control. La gestión de la inseguridad como forma de Gobierno”, alerta sobre la dificultad del debate bajo el imperio del “correccionismo político”, apuntando al legado de años de lucha y consenso democrático que concentran los organismos de derechos humanos.

Al respecto, Carlos Pisoni, militante de HIJOS, subraya que su rol no es el de diseñar la política de seguridad pero sí el de velar por que no se repita la historia. Por lo demás, desliza los riesgos de conceder ese debate a una fuerza política que tiene en su haber la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado, el asesinato de Rafael Nahuel y un apetito represivo con saldos de razzias y heridos en cada jornada picante de protesta social.

Coiffeur de seccional

Ante la consulta por la forma de ser de las fuerzas de seguridad, Rodríguez Alzueta enfatiza el carácter heterogéneo de esos cuerpos. Como investigador, suele apelar a una hipótesis del ensayista George Steiner sobre el ennui del siglo XIX, el veranito burgués que fue de 1815 a 1915, para explicar los orígenes del horror de la centuria pasada a partir del letargo que corroe con un veneno ácido la quietud y el embole. “También los policías se aburren y viven del tedio”, escribió para la onceava edición de Sociales en Debate, una publicación de la Facultad de Ciencias Sociales que recopila trabajos académicos especializados en humanidades.

El antropólogo José Garriga Zucal coincide con su colega platense. “La mayoría de los jóvenes que ingresan a la Policía piensan que van a tener una vida intensa y, después, terminan interviniendo como mediadores entre vecinos que discuten por ruidos molestos o haciendo tareas administrativas”, grafica.

En esa sintonía, Rodríguez Alzueta bautiza a los efectivos policiales como floreros ambulantes. “La vecinocracia tiene que saber que a los policías les pagamos por no hacer nada”, sentencia en su trabajo.

Hincha de River Plate por herencia pero fanático de Huracán a partir de un trabajo de campo con las hinchadas, Garriga Zucal admite que recoge entre los agentes con los que matea para sus investigaciones testimonios en los que se infiere mayor soltura para el ejercicio de la violencia. “La doctrina Chocobar se nota en el relajamiento de ciertas formas de control judicial para el cuerpo”, argumenta en alusión al caso del agente que mató por la espalda a un ladrón que se daba a la fuga en el barrio de La Boca. A su vez, atribuye a los policías como actores una reflexividad sobre sus propias prácticas de una sagacidad por encima de la media: saben muy bien qué decir y a quién decirlo, al tiempo que poseen una gran capacidad para percibir los tiempos de un funcionario político al frente de un ministerio.

Y desde esa perspectiva, considera que ya están sacándole punta a los fundamentos para objetarle al mismo Gobierno la disposición de los militares para tareas, y negocios, que les competen a ellos. “Van a decir que no están preparados profesionalmente para eso”, asegura.

No obstante, nada desactiva el pavor militante. Sin ir más lejos, Gorgal resaltó que Macri modificó con esta maniobra el artículo 31º de la Ley de Defensa, generando cierta polémica sobre el criterio para la definición de los objetivos estratégicos que los militares recibirían en custodia. Cuando se le pregunta si Cambiemos podría ponerle ese rótulo a enclaves productivos bajo su jurisdicción tan disímiles entre sí como la agencia de noticias Télam, en conflicto por el despido de 357 trabajadores, o un ministerio, el egresado de la Universidad de Geogetown responde que, aunque estaría jurídicamente habilitado, descree que vaya a implementarlo. “Es un terreno resbaladizo”, concluye.

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“No se puede discutir la Argentina que nos toca con la postal de los ‘70”

Así descerraja Rodríguez Alzueta ante el candente debate sobre la política del macrismo con las Fuerzas Armadas.

Durante dos años se dijo que el macrismo iba a apelar a las FFAA para su intervención en seguridad interior. Mientras Julio Martínez fue ministro de Defensa, su entorno lo negaba rotundamente. Y los kirchneristas, especialistas en la materia o ex funcionarios en el área, como Nilda Garré, especulaban con que los militares no querrían ese rol. ¿A qué situación se asiste ahora? ¿Qué significa la modernización de las FFAA en Cambiemos?

No sé qué significa “modernización”, me parece que es una palabra que queriéndolo decir todo no dice nada o dice muy poco. Seamos más concretos. La historia que nos tocó dejó a los militares en un lugar muy difícil. Pero la sociedad civil no sabe todavía qué hacer con los militares. No basta con establecer una frontera tajante entre la seguridad y la defensa, si al mismo tiempo no se resuelve el rol de las fuerzas armadas. Se supone que esa línea divisoria nos está diciendo que no queremos ser Costa Rica, es decir, que no estamos dispuestos a prescindir de los militares e incorporarlos a una fuerza de seguridad. Ahora bien, si esto es así, ¿cuál es su tarea en el mundo complejo que le toca a Argentina? Esta es una pregunta muy difícil de responder, que tiene muchas aristas, muchos problemas y muchos intereses distintos. Está claro que sus tareas ya no pueden resolverse en torno a hipótesis de conflicto con Brasil, Chile o Gran Bretaña. A esa geopolítica la historia y la tecnología la pasaron por arriba. Sin embargo, seguimos manteniendo destacamentos en puntos fronterizos con Chile y Brasil. Es muy difícil mover esos destacamentos, porque los efectivos allí emplazados son la energía monetaria que mantiene viva muchas veces la economía de la región. Cerrar un destacamento, en muchos lugares, implica que se te caiga la economía de una región. De allí la resistencia de intendentes y gobernadores. Entonces, ¿cuál será el rol de las fuerzas armadas? ¿La defensa de las cuencas del agua? ¿No regalarse a Estados Unidos, que dispuso una base militar en Paraguay? ¿El narcotráfico? ¿La defensa civil? Todo esto reclama un gran debate público que no me parece que se esté dando. Ni si quiera entre los especialistas que tienen que medirse con el “correccionismo político”. Porque estamos ante un debate extorsionado por organismos de derechos humanos que siguen pensando que la Argentina está parada en la década del ‘70. No se puede discutir la Argentina que nos toca con la postal de los ‘70. Esto es un gran obstáculo para dar este debate porque el “correcionismo político” es un mecanismo que clausura los debates, y vienen a decirnos: “miren, todo esto no se puede discutir, y si lo discutís, le haces el juego a la derecha.”

¿Qué implica el decreto de Macri?

El decreto de Macri pasa en limpio lo que venía haciendo de facto, pero no es muy distinto a lo que se hizo durante la gestión de Garré y (Sergio) Berni, que también habían dispuesto movilizar a militares para tareas de apoyo en el control de las fronteras, con el operativo Escudo Norte y Fortín I y II. No me parece que están diciendo que van a intervenir en la seguridad interior. No hay que sobreactuar porque, si no, ya no sabemos de qué estamos hablando, qué tenemos que debatir. A mí lo que me preocupa, en esta coyuntura, cuando la conflictividad social está escalando, no son los militares sino, por ejemplo, los gendarmes. Porque los que van a reprimir son los gendarmes. Los que están reprimiendo son los gendarmes, una fuerza, dicho sea de paso, cada vez más militarizada. Y esta es otra cuestión muy importante, una tendencia mundial: los límites entre la seguridad y la defensa, cuando los pensamos desde las tácticas y estrategias y la tecnología que tienen, se están desdibujado. Vemos que los militares se están policializando, y los policías militarizando. Antes, a los militares los llevaban a la Escuela de las Américas; ahora los llevan a las misiones de paz, como Haití, y allí no van solo militares sino también policías. Son fuerzas que intervienen en el territorio, haciendo saturación, control poblacional, controles de frontera, es decir, se los van asociando a otros modelos de intervención donde todo se mezcla. El debate actual toma como punto de partida un mundo que no es el que nos toca. El Gobierno dice que los militares van a intervenir en el marco de la doctrina de las “nuevas amenazas”, por ejemplo, para hacer frente al narcotráfico. No me parece que sea así. Esto es pura retórica y alcahuetería del Gobierno. No me parece que la Embajada esté reclamando la intervención de los militares. EEUU, quiero decir, el FBI y otras agencias, vienen trabajando con las fuerzas de seguridad y no con los militares. Y por otro lado, es la manera de desplazar el centro de atención, inflar problemas para construir chivos expiatorias a la altura de los fantasmas de los argentinos y la ignorancia vecinal, que después van a “tratar” las fuerzas de seguridad.

Pareciera que, después de la dictadura y con el retorno de la democracia, la sociedad argentina está animada, en su fibra íntima, por un antimilitarismo o una condena irreductible hacia lo policial. ¿Es posible revertirlo? ¿Es necesario? ¿Es legítimo?

No me parece. Veo dos cosas. Del lado de la vecinocracia, de las fuerzas vivas de la sociedad civil, un reclamo de mano dura. Los linchamientos o tentativas de linchamientos, los escraches, los saqueos colectivos a comercios del barrio, las quemas de viviendas de las personas sospechadas de robar o agredir sexualmente a alguien, las quemas de comisarías o lapidaciones a los policías, no están para señalar la ausencia del Estado sino una frustración ciudadana: “el Estado no está presente como yo quiero que lo esté”. Por eso siempre digo: “si no hay gatillo policial habrá linchamiento vecinal”. Por otro lado, lo que veo es un discurso “anti-yuta” que es inconducente e infantil pero tiene la ventaja que nos deja a todos tranquilos con los principios que guardamos en nuestra vitrina. Ese discurso anti-policía también está hecho de violencia, agresiones y estigmatización al policía. No estoy equiparando las formas de violencia, porque sería una banalización. Lo que quiero decir es que este discurso, y las prácticas que habilita ese discurso, ponen las cosas en lugares muy difíciles. La demonización de la Policía contribuye a generar también una frontera con ella, que es la distancia que después necesita el policía para pegarle al piberío sin culpa. A mí me parece que el policía es, antes que nada, un ciudadano, y además un trabajador como cualquier otro, que tendría que sindicalizarse. Y tenemos que generar espacios de diálogo con ellos. Pero ese diálogo es muy difícil si demonizamos al policía. Quiero decirte, democracia no es igual a John Lennon. La democracia actual, sus organizaciones, están poniendo a la vida en común en un callejón sin salida. Lejos de crear espacios de diálogo los estamos clausurando otra vez. Los clausura no sólo Macri o la obsecuencia política que impera en muchos partidos de la oposición, sino también la modorra intelectual de los periodistas estrellas, la pereza teórica de algunos  viejos especialistas y referentes de derechos humanos, y los prejuicios de los vecinos.

En esta edición, trabajamos el tema de los cuerpos, los cuerpos en lucha, en resistencia o en prisión, pero también los cuerpos de los que dominan, ejercen las fuerza y la violencia o, simplemente, van ganando. ¿Cómo llevan el uniforme los que lo llevan? ¿Lo viven con pesadumbre, sienten honor, gozan cierto poder, padecen las puteadas en las canchas o la bronca contenida contra ellos?

Es otra gran pregunta. La Policía no es un bloque unidimensional. Cuando la pensamos con la perspectiva de los actores involucrados en cada una de sus agencias, nos damos cuenta que es vivida de muchas maneras diferentes, que está llena de discusiones, tensiones, contradicciones. La Policía como bloque sólo existe dentro de nuestra cabeza. Muchos policías viven a “la policía” como una estrategia de sobrevivencia, es decir, encontraron ahí una manera de resolver problemas materiales concretos. Por ejemplo, si vos tenías a todo el mundo diciendo que el país se iba a la mierda y del otro lado aparecía (Daniel) Scioli dando trabajo para conformar la Policía Local, un pibe o una piba de veinticinco años no lo iba a dudar demasiado. Hasta entonces, tenía un puesto en una cooperativa sin coberturas sociales y, desde que se anotó en la Local, tiene reconocimiento de antigüedad, vacaciones pagas, aguinaldo, obra social, asignaciones familiares, acceso al crédito de consumo y un salario más digno que mientras changueaba para la cooperativa del movimiento. En segundo lugar, hay otros jóvenes que experimentan a la Policía como una estrategia de pertenencia. Hasta ayer, ese joven era un “negro de mierda” discriminado en el mundo laboral, estigmatizado por los vecinos, parado por los policías dos por tres. Pero desde que lleva puesto un uniforme ganó autoridad, es alguien que adquirió prestigio en el barrio, se ganó el respeto frente a las generaciones mayores. Los vecinos ya no van a cruzar de vereda o acelerar el tranco cuando lo vean, no van a sacarlo del comercio cuando entre, sino que lo van a tener en cuenta para hacerle preguntas, saludarlo. El joven dejó de ser objeto de sospecha y atención, para ser tenido en cuenta de muy diferentes maneras. Se convirtió en un trabajador social que tiene que atajar muchos penales muy diferentes, que nada tienen que ver con el trabajo de policía. Hay otros policías que ven a la fuerza como una segunda familia, la “familia policial”. Esto es entendible, porque sucede en cualquier profesión. Esta “vocación” tiene múltiples factores que habría que tener en cuenta, pero no hay tiempo para explicarlo ahora. Me interesa señalar esto: esta forma de vivir a la Policía, como una vocación, una hermandad, puede ser un problema que contribuye a generar un espíritu de cuerpo que la blinda, que contribuye a corporativizarla. Y me interesa señalar esto también: en esa vivencia, nuestro discurso “anti-yuta” tiene mucho que ver, porque como nos enseñaron (Ric) Elias y (Jean Paul) Sartre, los grupos tienden a apropiarse de los motes que se les asignan, y convertirlos en una marca de identidad, en una agenda.

2018-09-24T13:04:53+00:00 24 septiembre, 2018|II, Política|