Judicialización y destrucción de la política

Por Augusto Taglioni
@AugustoTaglioni

La región atraviesa un momento de profunda transición. La caída de los procesos progresistas en los últimos años dio inicio a un peligroso camino de desintegración que la volvió vulnerable y dependiente.

No se trata solamente de ciclos electorales que generan que una administración deje de estar en manos de un gobierno proteccionista para ser gestionado por un regionalismo abierto que se focalice en el libre comercio sino de algo más delicado. De eso depende el futuro de la democracia y las instituciones en América latina.

Uno de los grandes dilemas regionales es no tener un proyecto de región a largo plazo y que, según como soplen los vientos, el subcontinente permanezca más o menos alineado con Estados Unidos o se abrace con mayor o menor intensidad a criterios de independencia y autonomía.

A diferencia de la década de los 90’, esta nueva etapa del conservadurismo latinoamericano vino acompañado de un actor clave: el Poder Judicial. El método por el cual los poderes fácticos decidieron disciplinar y erosionar liderazgos o colectivos políticos y sociales es la judicialización de la política. Algunos lectores rápidamente relacionarán este término con el actual rumbo de las cosas en Argentina pero, para darle una mirada más global, este cita tres casos sudamericanos en el que se observa el mismo objetivo: destruir a la política a través del abuso de las prisiones preventivas y una enorme condena mediática y social.

Experimento mais grande do mundo

Brasil fue el primer país en el que el Poder Judicial apeló a estas metodologías para condenar a la política. La excusa perfecta fue la Operación Lava Jato y ese gigantesco entramado de corrupción que existió durante décadas allí.

Desde los inicios de la investigación en 2013, la Justicia ya ha dictado sentencia en 50 procesos e impartido 242 condenas contra 155 personas. La suma de las penas totaliza 2.242 años y 5 días. Hasta aquí no hay nada extraño, el problema radica en cómo el entonces juez, Sergio Moro, direccionó la responsabilidad en la política en general y en el Partido de los Trabajadores en particular. Bajo la figura del arrepentido (o más precisamente “delación premiada”), las declaraciones de los empresarios bastaron para comenzar con las detenciones. Solo la empresa Odebretch puso a 77 ejecutivos de la compañía a firmar un acuerdo de delación con el Ministerio Público para entregar detalles de la trama a cambio de reducción de las penas. La investigación alcanzaba al gobierno de Fernando Henrique Cardoso pero Moro solo se ocupó de Lula y Dilma.

De esta manera, con el tema amplificándose en los medios de comunicación se aprovecharon las circunstancias para destituir a Dilma Rousseff por algo que nada tiene que ver con el Lava Jato y, el golpe de gracia que Sergio Moro siempre buscó: la detención de Lula Da Silva por el bochornoso caso del Triplex de Guarujá presuntamente adquirido de forma ilegal por el ex presidente.

Con este panorama, se llegó a las elecciones generales, con el líder en las encuestas detenido e inhabilitado y un Jair Bolsonaro que, empujado por la enorme crisis de representatividad, tuvo la mesa servida para ganar y entrar en el palacio de Plan Alto.

Todos contra Correa

Ecuador es otro de los países en donde se observa una ofensiva judicial contra, en este caso, el espacio que representa el ex presidente Rafael Correa que, desde que dejó el cargo, se lo acusó de todo tipo de delitos.

Esto comienza cuando su ex delfín, Lenin Moreno, decide abandonar el programa por el que había sido votado en 2017 y le arrebata las facultades al vicepresidente, Jorge Glas, por la causa Odebretch. Glas cumple una sentencia de seis años de prisión por asociación ilícita y es investigado por posible cohecho, peculado y delincuencia organizada, relacionada con la trama de corrupción de la constructora Odebrecht, en la que se detectaron pagos de sobornos a funcionarios y sobreprecio de obras energéticas. La denuncia, en cuanto a la empresa china, fue realizada por funcionarios de la Administración de Lenín Moreno este miércoles, y vinculan a funcionarios del Gobierno del expresidente Rafael Correa, entre quienes está Glas, acusado de supuesto testaferrismo, lavado de activos, defraudación tributaria y aduanera, entre otros cargos. Los testimonios señalaban que Glas, vinculado con su tío Ricardo Rivera; y el empresario Tomislav Topic, tendrían recursos de la compañía que la Fiscalía procedió a cerrar por violación de derechos humanos y precarización laboral, entre otros. Luego, los mismos funcionarios del Gobierno vinculados con las acusaciones a Glas, se desentendieron y los señalamientos contra el exvicepresidente quedaron atrás. Un dato político que no podemos dejar de mencionar es que Glas se opuso a la entrega que hizo Lenin Moreno de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) al expresidente de Ecuador Abdalá Bucaram Ortiz, destituido luego de solo seis meses de gestión por “incapacidad mental para gobernar” y por escándalos de corrupción y desviación de fondos.

Independientemente de las pruebas y contrapruebas, Glas sufre del abuso de prisión preventiva, malas condiciones de encarcelamiento y traslados absolutamente arbitrarios.

Por otra parte, aparece la orden de detención contra Correa por haber sido el “cerebro” de un secuestro realizado en Colombia contra el ex diputado Fernando Balda. En agosto de 2012 fue secuestrado tras un encuentro pactado para vender un sistema de seguridad. El supuesto secuestro fue frustrado por la Policía colombiana y con el tiempo, el secuestrador detenido envió cartas a Correa y al servicio de Inteligencia de su país para que lo asistieran. Según el secuestrador, el gobierno de Correa financió el rapto por el que fue condenado. Esta versión contó con el respaldo de Balda.

El caso resurgió pocos meses atrás, con Correa ubicado como el principal opositor a Lenin Moreno y luego del referéndum que buscaba evitar una futura candidatura para el 2021. En este contexto, Correa afirmó que no recibió las cartas del secuestrador.

Una jueza ordenó a Correa que se presentara en el juzgado de Quito cada 15 días. Pero Correa vive en Bélgica con su pareja, se presentó ante el consulado en Bruselas. De esta manera, la Fiscalía lo consideró en rebeldía y solicitó su detención

El último capítulo de la trama judicial ecuatoriana es la que protagoniza el ex Canciller Ricardo Patiño quien la Fiscal Diana Salazar Méndez decidió ordenar la detención por el delito de instigación, presente en el artículo 363 habla de instigación a toda persona que públicamente instigue a cometer un delito contra una persona o institución y no pueda ser considerada legalmente como copartícipe, será sancionada con pena privativa de libertad de seis meses a dos años. Para la justicia, Patiño cometió ese delito luego de un encendido discurso en un plenario de militantes.

Perú: presidentes en libertad condicional

La ofensiva judicial contra la política no es exclusiva de los países en donde gobernó el progresismo. Un ejemplo para los liberales: Perú también está siendo sometido por el abuso de Justicia. El reciente suicidio del ex presidente Alan García abrió el debate sobre el rol del Fiscal General José Domingo Pérez, quien ha centralizado la versión peruana del Lava Jato.

En ese marco, llama la atención que los últimos cuatro presidentes electos hayan tenido problemas judiciales. Alejandro Toledo (2001-2006) está prófugo en Estados Unidos, Alan García (2006-2011) se suicidó para evitar la detención, Ollanta Humala (2011-2016) se encuentra en libertad condicional y Pedro Pablo Kuzcynski renunció para evitar la destitución del parlamento y fue condenado a 3 años de prisión.

En palabras del periodista Uriel Schumel “en Perú se invirtió la lógica del Derecho occidental, sos culpable hasta que se demuestra lo contrario”.

El poder judicial se acostumbró a detener por 10 días a los dirigentes para allanar sus domicilios, revisar pertenencias y encontrar pruebas. Las prisiones preventivas son moneda corriente y pone al Perú en un absoluto estado de excepción.

En el horizonte aparecen los temores del extremismo en un país que había logrado moderación de la dirigencia política luego de la experiencia de Sendero Luminoso y Alberto Fujimori. Antauro Humala, hermano mayor de Ollanta y de procedencia militar, condenado a prisión por el ‘andahuaylazo (saltó una comisaría con un grupo de hombres armados y pretendió la renuncia del presidente y la restitución de la Constitución de 1979). Quiere ser candidato en 2021 con promesas de “condenar a muerte a los presidelincuentes”.

Riesgos para la democracia

Sergio Moro, Diana Salazar Mendez y José Domingo Pérez se muestran implacables con los corruptos y aprovechan los medios de comunicación para aplicar el modelo básico del manipulite italiano que consiste en tres puntos fundamentales.

1-La alianza con los medios de comunicación para “defender el proceso de investigación” y garantizar el apoyo de la opinión pública.

2-Un estrecho vínculo con la sociedad civil, especialmente a través de Organizaciones sin Fines de Lucro que cuentan con financiamiento internacional.

3-La delación premiada. Un mecanismo en el cual los condenados por delitos comprobados negocian con la Justicia para la disminución de la pena, la prisión domiciliaria o directamente su absolución.

La destrucción del sistema político aumenta el escepticismo social y, por ende, genera las condiciones para el arribo de los outsider. Jair Bolsonaro es un ejemplo de lo que puede pasar cuando baja la credibilidad hacia los políticos y la designación de Sergio Moro como ministro de Justicia cerró el círculo.

Debilitar a la política, judicializarla y desprestigiarla es la base del LawFare que comienza con el linchamiento mediático. Ningún gobierno, sea progresista o liberal, está exento de contar con casos de corrupción, pero el problema es cuando la corrupción se convierte en un medio para atacar, disciplinar y perseguir adversarios políticos.

Los casos mencionados demuestran arbitrariedad y falta de respeto a los derechos y garantías individuales y cristaliza que la excepción se convirtió en regla.

En términos globales, las democracias están en crisis. Donald Trump, el Brexit y el ascenso de las ultraderechas europeas demuestran que la sociedad está buscando soluciones por fuera de la socialdemocracia. En América Latina, el Poder Judicial ha tomado las riendas para pulverizar los espacios de representación de la democracia. ¿Hasta dónde pueden llegar? Bolsonaro parece ser solo el comienzo.

2019-05-16T17:56:43+00:00 20 abril, 2019|III, Política|