Cambio, juez

Por Pablo Dipierri
@pablodipierri

El escándalo del caso Stornelli compromete al Gobierno entero. Pedido de juicio político al magistrado que lleva el caso, reducción del problema a un artilugio kirchnerista y naufragio de la transparencia y la batalla contra la corrupción como caballitos de batalla electorales.

Foto: Sandra Cartasso

Cuando sonó su teléfono en la tarde del 28 de diciembre, el empresario Pedro Etchebest no imaginaba que su testimonio se convertiría en el tajo que partiría el sistema judicial en dos. El llamado extorsivo del abogado Marcelo D’Alessio, objeto de la investigación que instruye todavía el juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla, constituyó a partir de entonces un mazazo contra la causa que orbita alrededor de las fotocopias de los cuadernos que escribiera a mano el remisero Oscar Centeno, con supuesta información de coimas de empresarios a funcionarios del gobierno anterior y bajo la pesquisa del fiscal Carlos Stornelli.

La noticia explotó el segundo viernes de febrero y enseguida se encendieron las alertas. Si Stornelli apelaba a un modus operandi que comprendía el pedido de dinero a través de su letrado amigo para eximir a quien mangueaba de una imputación judicial o no, fue la pregunta que se configuró casi automáticamente. La abogada de Etchebest, Natalia Salvo, fue prudente al día siguiente y, en diálogo con FM La Patriada, se limitó a la porción que le compete como representante legal de su cliente.

La Casa Rosada, no obstante, dispuso su artillería contra la letrada por su filiación ideológica con el kirchnerismo, trató de involucrar a Etchebest con servicios de inteligencia e intentó impugnar la labor del magistrado con argumentos que rozan la persecución política. Desde el principio, operadores de Cambiemos trataron de bajarle el precio a la causa pero, en paralelo, movieron sus fichas para que las fojas se mudaran a Comodoro Py, garantía de tranquilidad para Stornelli y el Gobierno. La torpeza atribuida por sus propios compañeros de ruta al diputado parlasureño Eduardo Valdes, por adelantarle telefónicamente a uno de los presos políticos que habría una “operación puff” antes que trascendiera el affaire D’Alessio-Stornelli, fue la comidilla de los diarios, regada con astucia por Elisa Carrió, pero las derivaciones del caso salpicaban a periodistas y miembros del bloque de la diputada chaqueña, como su par Paula Oliveto. En consecuencia, la réplica quedó trunca y se empantanó en el cruce de acusaciones farragosas en una ciénaga de carpetazos.

Siempre es hoy

El Gobierno buscará que el impacto no se expanda socialmente pero resulta inevitable que ciertas relaciones entre los servicios de inteligencia, la prensa y actores políticos se resientan. Hay cosas que nunca cambian y cosas que nunca vuelven.

La trama revelada por Ramos Padilla en el Congreso de la Nación para que nadie se anime a quitarle la causa conduce a los lazos entre las cloacas de los tribunales y las catacumbas de los servicios. Sin embargo, no hay allí ninguna novedad.

En diálogo con Kamchatka, Sergio Burstein, uno de los referentes de los familiares de las víctimas del atentado a la AMIA, dice que en la voladura del edificio de la mutual estaban todos esos actores involucrados. “Lo que está pasando hoy, ya pasó… pero se les termina el negocio y, por eso, tanto problema con un juez como Ramos Padilla”, enfatiza.

Por lo demás, el periodista y escritor desaparecido Rodolfo Walsh acuñó en el prólogo del libro Caso Satanowsky, en su edición de 1973, que los vínculos entre la prensa y los servicios de inteligencia fueron trabados por mecanismos instaurados por la Revolución Libertadora, y advirtió que no sería “una política conciliadora” la que habría de desmontarlos. A 46 años de ese texto, sus palabras parecen haber caído en saco roto.

Se apalanca en esa misma perspectiva el ex titular de la SIDE durante la presidencia provisional de Eduardo Duhalde, Miguel Ángel Toma, aunque para reivindicar la importancia de los servicios de inteligencia. “No se han desmontado esas estructuras y aquí viene mi critica a las actuales autoridades de la AFI: lo peor que le puede pasar a los servicios de inteligencia es que los manejen inútiles”, asevera, y agrega: “mi crítica tan dura al amateurismo de esto”.

Repudiado por el sector que lidera Burstein por sus gestiones en la investigación del atentado, Toma atribuye “actitudes imbéciles” al Gobierno, entre las que cita la propuesta de Carrió para disolver la AFI. “Es una estupidez mayúscula”, dice, y añade: “hay que cambiar a los funcionarios que no cumplen con su tarea, que permiten hechos ilegales, en lugar de destruir a las instituciones”.

Nada es para siempre

Fuentes judiciales consultadas por esta revista señalan una paradoja: quien impulsa el pedido de juicio político contra Ramos Padilla en la Comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura es el diputado por el Pro Pablo Tonelli pero, al mismo tiempo, es el mismo edil que recibió las postulaciones para el juzgado federal N°1 de La Plata, donde el magistrado de Dolores rankea primero, y admitió que el del juez en la picota fue el mejor examen.

A su vez, voceros gubernamentales deslizaron que al Ejecutivo le interesa el perfil de quien se ubica en el puesto 11 de esa lista. Ascenderlo en el concurso sería otro aventón para la persistencia del apellido Stornelli a la tapa de los diarios. Arguyen los que fatigan pasillos tribunalicios, por otro andarivel, que Ramos Padilla podría no haberse presentado al concurso, si de veras quisiera retener en su poder la causa. De todas maneras, incluso esas malas lenguas conceden que el trámite para acceder a ese juzgado podría extenderse más allá de las elecciones de octubre. En última instancia, el macrismo no estaría sacándoselo de encima ni tentándolo con una zanahoria mayor para que la investigación recaiga en manos de un juez más complaciente con el oficialismo. A lo sumo, y no es poco, estaría ganando tiempo para el hombre del Poder Judicial “declarado en rebeldía” pero el tiempo también corre para los involucrados en el sainete y, por propiedad transitiva, para el propio Gobierno.

Tampoco faltan los analistas que alegan que Stornelli está cada vez más solo. Tanto Burstein como el ex juez Carlos Rozanski, quien tiene entre sus cucardas la de haber condenado a perpetua al represor Miguel Etchecolatz por crímenes de lesa humanidad, repiten al que desee escucharlos que si abren el teléfono del fiscal de las retroexcavadoras en prime time el presidente Mauricio Macri terminaría llamando a elecciones anticipadas. Y el enfoque no es azaroso: es el mismísimo Jefe de Estado quien lo banca, abrazándose más por espanto que por amor y conformando entrambos tal vez un fulgurante salvavidas de plomo.

Tuyo siempre

Otro que recomendó al Presidente que cerrar la AFI una vez que asumiera el mando fue el consultor Jaime Durán Barba. Tal vez porque sabía que su cliente no iba a resistir la tentación. O porque prefería privatizar el negocio de las escuchas. De hecho, el diputado radical por Unidad Ciudadana Leopoldo Moreau acusa públicamente que Argentina entró en la tendencia mundial a la privatización de los servicios de inteligencia, como Israel.

El encargo del publicista ecuatoriano no es menor. Porque bajo su conducción al frente del país, Macri repite, calcada y esquemáticamente, el uso de los servicios de inteligencia para espiar al interior de su gobierno y la oposición, como lo hizo cuando fue jefe de Gobierno o mientras se desempeñaba al frente del grupo empresario que forjó su padre. “En la causa de las escuchas, hay una declaración de la ex cuñada de Macri, en la que ella dice que a ella no le sorprende porque, habiendo sido parte de la familia, puede dar testimonio de que cada vez que los Macri tienen un problema te mandan a seguir y te pinchan los teléfonos”, grafica Burstein a esta publicación.

Los que no sucumben a la catarata de basura informativa recuerdan que, dentro del Gobierno de la Ciudad, había una SIDE paralela enquistada en el Ministerio de Educación, a través de un contrato labrado en favor del espía Ciro James y con línea abierta y directa con el jefe de la Policía Metropolitana, Jorge Fino Palacios, y su segundo, Jorge Chamorro. La olla se destapó cuando le avisaron a Burstein que el macrismo lo escuchaba pero, lejos de limitarse a él –a quien para escucharlo consiguieron que la Justicia le abriera una causa falsa por un homicidio que no cometió para que se fundara la necesidad de intervenirle el teléfono-, el aparatito de inteligencia se extendía a legisladores opositores al Pro y hasta al ignoto Néstor Leonardo, por entonces cuñado del actual Presidente.

Después de casi 10 años de investigación, la sala III de la Cámara de Casación, integrada por Eduardo Righi, Carlos Mahíques y Liliana Catucci, descartó lo obrado por buscar un delito de acción pública basándose en una denuncia por un delito de acción privada. “Fue para protegerlo a Macri porque dijeron que el delito existió pero no fue de acción pública sino privada: se probó el delito pero no se llevó adelante para que Macri no quede expuesto”, sostiene Burstein.

No fueron los únicos, a su criterio, que beneficiaron al primer mandatario de esa forma. Ya a fines de 2015, el juez Sebastián Casanello lo desprocesó en la causa de las escuchas, cuando siendo secretario de la Cámara Federal Nº 1, compuesta por Eduardo Farah, Eduardo Freire y Jorge Ballestero, escribió él mismo -y la cámara refrendó- la confirmación del proceso de Macri con la prueba colectada. “Mágicamente, una vez Macri presidente, esas pruebas no alcanzan”, narra Burstein con tristeza, y suelta: “a mí, Casanello me defraudó”.

Hasta siempre

Como si el país entero fuera un perro que se muerde la cola y pisa sus propios excrementos, Toma expresa su anhelo en público para “que se esclarezca el grado de responsabilidad en toda esta trama de espionaje prohibido por ley que tienen estos personajes”. “Porque de no ser rápido, se corre el riesgo de que quede un manto de sospecha sobre personas que son claves en la investigación de los cuadernos”, reconoce.

Consultado acerca de si le concedería seriedad a la causa de las fotocopias a pesar de esta denuncia contra Stornelli, contesta: “más allá de que se ha hecho todo un eslogan con el tema de las fotocopias y que no haya aparecido el original de Centeno para negar la consistencia, me parece un argumento falso, porque nadie se autoincrimina, como pasó con los empresarios, a partir de su propia confesión”. Obviando las condiciones en que cada empresario declara contra sí mismo, sea por cola de paja o por miedo pero por fuera de marcos regulatorios garantizados por la Constitución, el ex ministro del Interior peronista explica, además, que “si hubo extorsión, no fue para autoincriminarse sino para desincriminar a algunos”. “¿Hubo o no hubo extorsión sobre Etchebest para sacarlo de la causa?”, pregunta retóricamente, y apura su confusa hipótesis: “la investigación confirma la certeza de los cargos que se le hacen a los que estaban involucrados en este caso de corrupción”.

Sin renunciar a la búsqueda de lo que de verdad ocurrió con las coimas, la extorsión y las redes de espionaje, se presume difícil que resplandezca la hermosura de los hechos en una ciénaga donde nunca existió la entrañable transparencia.

2019-04-17T12:07:19+00:00 29 marzo, 2019|II, Política|