Sin pecado presidencial

Por Raúl Gustavo Ferreyra*
@Prof_Ferreyra

Foto: Mariano Campetella

El Derecho y la religión instituyen órdenes separados y distinguidos, que pueden coincidir, quizá,  pero no es necesario ni obligatorio que eso suceda. La constitución es el instrumento fundamental del Derecho para regular institucionalmente la coexistencia en paz de toda la ciudadanía. La idea de constitución nace cuando la ciudadanía de un pueblo configura su identidad soberana.

La Constitución federal de la Argentina, una de las más antiguas en vigencia, determina un preciso y preciado itinerario para alcanzar la titularidad del Poder Ejecutivo. Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner cumplieron en 2019 con la totalidad de los requisitos exigidos por la Ley fundamental y las reglas inferiores. Ellos son, respectivamente,  presidente y vicepresidenta de la República  por una decisión ciudadana mayoritaria e inaplazable del pueblo de la Argentina, hasta el 10 de diciembre de 2023. No heredaron ningún cargo. La sociedad abierta argentina, en plenitud democrática y con autenticidad republicana, ungió al binomio en los comicios transparentes realizados para el ejercicio de los cargos constitucionales, precedidos de un proceso electoral con semejantes cualidades.

El pasado 25 de julio, Fernán Saguier publicó en el diario La Nación un artículo titulado “El pecado original de Alberto Fernández”.  Un título significativo porque el Derecho constitucional y la religión tienen una maravillosa similitud: ambos órdenes expresan razones y se realizan por escrito. Sin embargo, el Derecho constitucional no es ninguna teología ni la teología instituye un orden constituyente del Estado. La ley divina y la ley humana tienen ámbitos separados. La abrumadora mayoría de las constituciones democráticas del Mundo disponen reglas que instituyen la laicidad del Estado y la Argentina se encuentra dentro de dicho campo normativo. Así, las constituciones son las escrituras laicas de la ciudadanía.

En el cuerpo central del texto se dice que el presidente “Fernández fue dejando de actuar como el presidente de todos para convertirse en el presidente de una facción”.  No es posible discernir el campo semántico, por ello iré por el más benevolente; imagínese que por “facción” se refiera a un grupo de personas unidas por ideas comunes dentro de una colectividad. El Presidente de la República, al asumir el cargo, debió enfrentar la tragedia de la exclusión social. Debe sumarse a ello la monumental deuda externa colectada por las autoridades que le precedieron. Inmediatamente, un “mundo infeliz”: la peor pandemia en toda la historia de la humanidad.

Este es el escenario principal en el que se desenvuelve el drama de los argentinos. El presidente es quien ejerce el liderazgo del proceso constitucional y las acusaciones sobre la edificación de una “facción”, que no se apoyan en ninguna evidencia, deberían tramitar por los canales correspondientes y determinados por el orden constituyente enhebrado desde 1853.

La Constitución federal, con sus debilidades, ha instrumentado e instrumenta la democracia en la Argentina. Por eso llama la atención esta afirmación: la “Argentina vive un clima de enfrentamiento y división acaso como nunca antes”. Desde el 10 de diciembre de 1983, sin derramar sangre, se han realizado 9 comicios para elegir presidente y vicepresidente de la República (1983,1989, 1995, 1999, 2003, 2007, 2011, 2015 y 2019), antecedidos de los correspondientes procesos electorales y en los que han participado con libertad política las mujeres y los varones que integran el cuerpo electoral.  Incluso, algunos de esos cónclaves electorales se han cumplido con diferentes reglas constitucionales, pero el resultado fue siempre el mismo: respeto inapelable a la voluntad expresada por la ciudadanía en las urnas. Repárese que en todos los sistemas presidenciales se persigue la  elección de un “oficial del pueblo”. Quien ejercerá la autoridad suprema, ejecutiva, monologada y a discreción.  Por lo tanto, el “enfrentamiento” es un problema capital del sistema de gobierno escogido, no solo del modelo argentino.

En algún momento constituyente del siglo XXI en la Argentina deberá discutirse el sistema de gobierno presidencial, la democratización del poder judicial y la eliminación de los oligopolios mediáticos, siempre de acuerdo a los protocolos contemplados en la Ley fundamental. Ciertamente, la práctica presidencial debería ser analizada por vía de una reforma futurible, si, acaso, ha de ser verdad que las Constituciones son aptas para conducir la democracia ciudadana. Pero también se debe repensar una nueva regulación integral de la estructura judicial con las competencias e integración de la Corte Suprema de Justicia en su cabecera y la periodización de la función jurisdiccional. Y en la declaración de interés público de los servicios de comunicación audiovisual, porque siempre resulta útil repetir: ¿en cuántos Estados del mundo un diario posee, además, radios, revistas, canales de cable, televisión abierta y todo tipo de comunicación por Internet?

El gobierno de cualquier Estado puede orientarse a la construcción de hegemonías o a  la construcción de consensos. Hasta el momento, los estados de cosas del presente sugerirían que el presidente, en medio de las tempestades ameritadas, se muestra hacia la construcción de un consenso que fuese capaz de amortiguar el malestar que a todos nos angustia y limita en diferentes situaciones y relaciones.

 

* Profesor titular de Derecho constitucional, Facultad de Derecho, Universidad de Buenos Aires

2021-08-02T20:27:05+00:00 2 agosto, 2021|III, Opinión|